El derecho a la ciudad, un mantra transformador

El derecho a la ciudad, un mantra transformador

Uno de los grandes retos es modificar la convicción en acciones y lograr el cambio que ubica al ser humano en el centro de la ciudad.

Creemos que casi como un efecto automático, a cualquier acción (o afirmación) viene una reacción inmediata; sin embargo, en el quehacer urbano las grandes transformaciones requieren acciones específicas y tiempo, para tener verdaderos impactos en la calidad de vida de todos y todas. Si bien el derecho a la ciudad es un concepto construido por Henri Lefebvre en la década de los 60, a partir de los 90 los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil retomaron este tópico como una bandera de lucha y movilización social. Sin embargo, un momento clave del mismo fue la inclusión del tema en la declaratoria final de la Conferencia de Asentamientos Humanos y Desarrollo Sostenible, realizada en octubre del 2016.

Conocida como Nueva Agenda Urbana, en ésta se incluyó el derecho a la ciudad como ideal para lograr una urbe para toda la población con igualdad en el uso y disfrute de las metrópolis y asentamientos humanos. En años recientes México –desde gobierno federal, estatal y local, academia y sociedad civil– se sumó al consenso sobre la necesidad de incorporar el Derecho a la Ciudad en la gestión urbana. En múltiples foros, mesas de discusión y debates se ha enfatizado –y a la fecha se reitera– el compromiso con este derecho.


DATOS PARA PENSAR. 

  • Todos y todas las involucradas con la gestión urbana (al menos en el discurso), coinciden con la importancia del derecho a la ciudad.
  • Leyes, políticas públicas, programas y acciones deben ser transparentes sobre a qué colectivo beneficia y por qué.

LA CLAVE: PARTICIPAR

Se repiten afirmaciones retóricas, como mantras, y se escuchan frases con convicción. Más declaraciones poéticas que un objetivo traducido en leyes, políticas públicas, programas, proyectos o acciones concretas. Sin embargo, ¿es suficiente la repetición mántrica del “Derecho a la Ciudad” para mejorar la vida de las y los habitantes de las urbes mexicanas? ¿verdaderamente todos y todas las que de manera enfática y llena de convicción repiten oraciones llenas de eufemismos, se han comprometido con acciones específicas para que el Derecho a la Ciudad sea algo real y concreto? Tenemos la oportunidad de transformar la calidad de vida de los ciudadanos y el acceso a las oportunidades en las ciudades; el derecho a ésta es una herramienta para hacer realizables todos nuestros derechos. Se trata de un enfoque conceptual que permite transformar los asentamientos humanos y reconocer el conjunto de derechos humanos en las metrópolis (en realidad todos para las y los que vivimos en las urbes) y hacer partícipe a toda la sociedad. Esto implica ubicar a hombres y mujeres en el centro de la gestión urbana, y que de manera sustantiva se incorpore el marco de derechos humanos como un verdadero eje transversal que vaya más allá de incluirlo en un enunciado en la introducción o como mención en los ejes transversales en documentos programáticos. Por parte de las y los habitantes, de igual manera implica compromisos y responsabilidades para exigir a autoridades locales, estatales y federales transparencia en la gestión urbana; reconociendo que toda decisión gubernamental tiene ganadores y perdedores.

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Vale la pena invertir en acciones y programas que tendrán resultados a mediano y largo plazos. En México tenemos que dejar atrás la visión a corto plazo asistencialista, que perpetua los problemas estructurales desde la toma de decisiones en gobierno (en todos los niveles) para lograr la transformación urbana. El Derecho a la Ciudad no será una realidad con discursos. Tenemos que cambiar el diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas en la gestión urbana; y como sociedad, involucramos en la toma de decisiones de nuestras ciudades exigir propuestas e intervenciones que ubiquen a las y los ciudadanos como principales actores, que verdaderamente mejoren nuestras oportunidades y libertades, que atiendan las desigualdades estructurales con resultados medibles, además de reconocernos como agentes de cambio corresponsables de las ciudades que tenemos y, sobre todo, que queremos.

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