Una ley de vivienda, una mejor CDMX

Una ley de vivienda, una mejor CDMX

Vivimos en una urbe gigantesca, en la que el caos y la desorganización han imperado desde mitades del siglo pasado.

Las consecuencias de este hecho son visibles y molestas para todos los habitantes de la capital: tenemos que lidiar con el peor tráfico de América Latina, altos índices de contaminación, una ciudad que expulsa a sus habitantes a la periferia y altos costos de suelo que resultan inalcanzables para un amplio sector poblacional.

Si el andamiaje jurídico se adapta y reconoce las características de la ciudad, tendrán que hacerlo también las instituciones, los desarrolladores y los ciudadanos.

La Nueva Ley de Vivienda para la Ciudad de México, pretende justo eso. Ser el primer paso hacia una evolución en cuanto a planeación urbana.

A través del consenso y el trabajo de varios actores logramos, desde la Comisión de vivienda, aprobar una ley que verdaderamente beneficie a todos.

El falso debate alrededor de la ley

La promulgación de la ley atrajo atención mediática, como era esperado en el contexto de un documento legal que repercute en todos los habitantes de la capital. El problema fue que se prestó a un falso debate, en el que las acusaciones infundadas de grupos que no tenían como objetivo la mejora de las condiciones de la ciudadanía desinformaron a la población.

La mala interpretación del texto viene de la concepción de “plusvalía” en el imaginario público. Los medios, algunos líderes de opinión y la ciudadanía argumentaron que tanto la ley de vivienda -que, repito, era imposible que creara un nuevo impuesto- como el proyecto de constitución quitaría parte de las ganancias que un propietario obtuviera de la venta de su inmueble, que captaría “la plusvalía” del mismo. Hay una confusión entre plusvalía y valorización.

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La plusvalía no es el valor de un bien. Si un ciudadano invierte en su inmueble y hace mejoras en este no está generando plusvalía, está generando valor. La plusvalía es externa al bien, como cambios de uso de suelo, traslación de terrenos, fusión de terrenos, entre otros. A pesar de esta campaña de desinformación, el espíritu de la ley no fue quebrantado, y el dictamen con las observaciones del Jefe de Gobierno fue aprobado por la Asamblea.

Las intenciones de la ley son fundamentalmente sociales

Esto salió a relucir en el debate público y finalmente en el consenso con el que fue aprobada. Las modificaciones que esta sufrió no fueron para cambiar el espíritu de compromiso con la ciudadanía al cual nos escribimos desde el principio. La ley se sobrepuso a la tormenta mediática porque la razón siempre estuvo del lado de los que queremos beneficiar a los más necesitados.

El porqué de los altos costos de la ciudad, uno de los principales problemas, se atiende al considerar la especulación que muchos agentes inmobiliarios tienen sobre terrenos que están subutilizados y baldíos en la ciudad y que han generado repercusiones negativas para la ciudad.

Esto impide que millones de trabajadores de la ciudad pueden vivir donde están los trabajadores de la ciudad puedan vivir donde están los servicios públicos, en dónde están las escuelas o el transporte.

La expulsión de miles de familias a la periferia, derivado de los que les es casi imposible rentar, comprar una vivienda que se ajuste a su presupuesto, tiene claras consecuencias negativas: transporte público saturado, congestión vial, horas perdidas en traslados, horas que pasan lejos de sus familias.

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Familias completas salen de la ciudad para ir a vivir en la zona conurbada. Atender esta circunstancia que desgasta a la ciudadanía es uno de los objetos de nuestra ley.

Por otra parte, el tema de la captación de plusvalías urbanas es un tema que ya se ha discutido en organismos internacionales como en la cumbre de la ONU-hábitat y en instrumentos internacionales. México está obligado a adecuar sus instrumentos legales a lo que dictan los organismos internacionales.

El espíritu de la ley de este artículo fue ese. Entendemos la alta responsabilidad y sabemos que al aprobar en la Asamblea Legislativa el pasado 16 de diciembre por unanimidad en dicha ley establecemos las bases sobre las cuales se diseña y define la política de vivienda y con ello la manera en la que vamos a construir en los próximos 20, 30 y 50 años.

En ese sentido y respecto al polémico artículo 94, la ley atendió las recomendaciones del jefe de gobierno a través de la Consejería Jurídica y mejoró la redacción, prevaleciendo en todo momento el espíritu de dicho artículo: que los recursos que el gobierno de la ciudad obtiene de los desarrolladores por conceptos de pago de medidas de mitigación y otros, beneficien de manera tangible a la ciudadanía a partir de la mejora de espacios públicos y la generación de más vivienda de interés social y popular.

Se trata de transparentar la gestión de recursos, para que los ciudadanos tengan claro de dónde vienen y a dónde van. Para nadie es una sorpresa que los desarrolladores obtienen beneficios económicos importantes después de construir en la Ciudad de México, la cual les proporciona una infraestructura inmensa a cambio, actualmente, de muy poco.

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No perdamos de visita la experiencia internacional, en Colombia, Brasil, y Argentina las ciudades y sus servicios mejoran poco a poco pero de manera constante ya que juntos, sociedad, gobierno e iniciativa privada, se mantienen en una dinámica colaborativa, en donde al final todos salen ganando, especialmente el ciudadano, quien no sólo es testigo de cómo su ciudad crece, sino forma parte del proceso, justo como lo hicimos ahora en la construcción de una nueva ley.

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