En febrero pasado, un mes antes de que el 14 de marzo las autoridades decretaran la primera contingencia ambiental de los últimos tres lustros, el Centro Mario Molina formuló una propuesta en seis ejes para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México:
Primero, expandir considerablemente y mejorar la calidad, seguridad y con habilidad del transporte público, asegurando su acceso a los segmentos económicos más desprotegidos de la población.
Segundo, restringir el uso del transporte privado, eliminando el subsidio implícito con el que es favorecido, se calcula que el costo social y ambiental de un automóvil es de al menos el doble de su precio comercial.
También gravar un impuesto asociado al valor del vehículo y a sus emisiones; bajar un precio a los combustibles que re eje los impactos ambientales y en salud; así como tarifas y límites de espacios para estacionamientos, y cargos por congestión.
Tercero, regular el transporte de carga intra e inter urbano en lo que respecta a pesos y dimensiones permitidas, rutas y horarios de acceso y circula- ción, y procesos de inspección físico mecánica y de verificación de emisiones.
Cuarto, impulsar políticas de desarrollo territorial, para contener la expansión de la mancha urbana, fomentando la densificación, usos de suelo mixtos y rescate del espacio público y áreas verdes.
Quinto, combatir la corrupción y asegurar que los centros de verificación vehicular se ajusten a la normatividad vigente, así como actualizar los límites máximos permisibles de emisiones de contaminantes y calidad de combustibles contenidos en las normas sociales mexicanas.
En 2015, en un monitoreo con un sensor remoto, el Centro Mario Molina detectó que el 45 por ciento de los vehículos con engomado cero y más del 80 por ciento de los que tiene el engomado dos rebasan los límites de contaminantes permitidos.
Sexto, incentivar la penetración de tecnologías vehiculares limpias y más eficientes, por ejemplo, autos, autobuses y camiones eléctricos e híbridos.
Las medidas propuestas, reconoce el Centro Mario Molina, requieren de una inversión cuantiosa, implican la participación de distintas instituciones y órdenes de gobierno y van más allá del programa Hoy No Circula, que a casi 27 años de haberse implementado ha demostrado que es insuficiente.