¿Quién cuida las ciudades?

A partir del reconocimiento de quién protege las metrópolis, podemos lograr urbes inclusivas que contribuyan a la igualdad de género.

Por Gabriela Jurado > @gabsjur

Es común escuchar tanto en discursos como en posicionamientos lo importante que es la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, el pleno acceso y ejercicio de todas y todos a los derechos humanos y a las oportunidades que ofrecen las ciudades. Sin embargo, todavía persiste un gran reto: lograr que la igualdad de género se traduzca en mejoras en la calidad de vida y en las experiencias cotidianas de todos y todas en las metrópolis.

Mujeres y hombres tienen diferentes experiencias, necesidades, aspiraciones y oportunidades en las urbes; esta diferenciación se entiende desde la desigualdad de género, el cual es comprendido como la construcción social y cultural de las funciones, responsabilidades, comportamientos, actividades y atributos asociados a los hombres y a las mujeres. Por relaciones de género se entiende a la distribución de poder entre hombres y mujeres; y es el resultado de la división sexual del trabajo (la cual alude a la distribución de tareas específicas a hombres y mujeres en función del sexo. A partir de este concepto se puede dividir al trabajo en: productivo, el que recibe una remuneración y tradicionalmente se denomina empleo; y el doméstico y de cuidado, el cual se realiza en los hogares, espacios públicos y equipamientos de las ciudades y que no recibe remuneración alguna).

Las urbes actuales se diseñaron a partir de la priorización de las actividades productivas –comerciales, financieras, políticas, entre otras–, tradicionalmente realizadas por hombres, y la desvalorización del trabajo de cuidado, llevado a cabo por mujeres. Culturalmente a ellas se les asocia con las responsabilidades del cuidado y reproducción: crianza de hijos e hijas, compra y preparación de alimentos, manutención del espacio doméstico y cuidado de las personas mayores y enfermas, entre otras. Las mujeres, al asumir las tareas del trabajo doméstico, enfrentan severas limitaciones en su desarrollo profesional y personal, lo que implica una carencia de autonomía económica, por la carga excesiva de trabajo no remunerado y la deficiencia de los servicios y equipamientos de cuidado próximos que permitan hacer compatible la vida laboral y familiar.

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REDISTRIBUIR TAREAS

Con el propósito de alcanzar la igualdad de género es necesario la redistribución de tareas de cuidado, así como facilitar el ingreso y permanencia de las mujeres en el mercado laboral remunerado; esto requiere de una organización diferente de los usos, servicios y equipamientos de las ciudades, además del del tiempo. Para ello, es importante replantear el modo en la que se planifican las ciudades, se distribuyen los servicios, equipamientos; además de que es indispensable trabajar en el cambio de patrones culturales que reproducen la desigualdad. Considerando los nuevos paradigmas urbanos que postulan la necesidad de transformar las ciudades en espacios más incluyentes, es fundamental visibilizar al trabajo de cuidado como un elemento fundamental que sostiene las dinámicas sociales, económicas y urbanas.

• El trabajo de cuidado como un elemento transversal en la vida de todas las personas, sobre todo si se considera que todos y todas en alguna etapa de la vida requerimos de cuidados, ya sea en el crecimiento, enfermedad, vejez o discapacidad.

• Que estas actividades se lleven a cabo en el territorio; por lo que es fundamental contar con una estructura y entorno urbano que faciliten la realización de estas tareas, facilitando la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado y redistribuyendo las tareas domésticas entre hombres y mujeres.

• Que el enfoque de género debe ubicarse en el centro de los procesos de planificación de las ciudades en las distintas escalas territoriales, esto con el fin de ubicar a las personas en el centro del desarrollo y lograr compatibilizar las actividades laborales y familiares.

• La necesidad de incorporar la corresponsabilidad social en políticas públicas y relaciones sociales, entendida como la responsabilidad entre el Estado, el mercado laboral, la comunidad y las familias.

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