«Cameras have proven to change behavior…safety should not be an issue to play politics with».
Janette Sadik-Khan
La cultura de la inmediatez y el cálculo político, así como la falta de inversión en transporte público con escala metropolitana, la desvinculación de la movilidad con el desarrollo urbano y la incapacidad de los gobiernos para desafiar la supremacía del automóvil, son la razón de que políticas globales de movilidad sustentable estén bajo fuego en distintas ciudades hoy día.
Sao Paulo o Nueva York, que iniciaron cambios en su modelo hace algunos años, hoy se enfrentan a decisiones políticas populistas en contrasentido. El cambio cultural es a largo plazo y las autoridades no están dispuestas a pagar el costo en las urnas.
En Sao Paulo, el Gobierno de Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, redujo en 2015 las velocidades máximas, en medio de críticas y detractores. Sin embargo, ante la presión social, hoy han vuelto a aumentar los límites de velocidad en sus calles tras el triunfo de la derecha en la capital brasileña.
O Nueva York, que en manos de Janette Sadhik-Khan, durante la administración demócrata de Michael Bloomberg, vio nacer una revolución peatonal y ciclista que ha inspirado a quienes hemos trabajado en esta agenda. Pero hoy se encuentran en una batalla contra una mayoría Republicana conservadora en el Senado, emanada del efecto Trump, que busca echar abajo una de las acciones que mejores resultados ha dado: las fotocámaras. Las consideran intrusivas y recaudatorias, por ello las quieren desaparecer. ¿Les suena familiar?
Sí. La CDMX vive hoy la misma historia, a cuatro años de cambios en el paradigma del Gobierno, a través de una joven política pública integral que ha logrado reducir hasta en un 18% las muertes por hechos de tránsito. La Administración recién electa ha decidido quitar las fotomultas del Programa de Seguridad Vial de la Ciudad (Pisvi). Fue promesa de campaña.
La gravedad de esta medida, de mantenerse, se reflejará en el número de muertes en las calles, especialmente de usuarios vulnerables. Así lo prueba la estadística detallada en el Pisvi (pisvi.mx). Ésta historia ya la vivimos los capitalinos en 2004, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quitó los exámenes para obtener la licencia de conducir con el argumento de la corrupción.
Quitar las fotomultas es otro error garrafal. Si el problema es la corrupción, castiguen, transparenten y destinen los recursos a infraestructura segura, no a gasto corriente. Si no tienen certeza de que la ubicación es la óptima para salvar vidas, corrijan y mejoren con mapas georreferenciados, abran los datos de la Policía. Si buscan impulsar la educación vial, vinculen esas acciones con las de monitoreo y sanción. Trabajemos con la comunidad el programa tiene mucho que mejorar en su implementación.
El problema de estas decisiones no sólo es el populismo que las envuelve, sino la cultura de la inmediatez. Las políticas públicas de largo plazo son desdeñadas -no dan votos- y, por ende, suplantadas. Las acciones que hoy se llaman «ocurrencias» están basadas en la experiencia de la Ciudad y sus equipos técnicos, así como en prácticas globales estandarizadas recogidas por la Ley de Movilidad. La Ciudad cambió y hay trabajo que continuar.
Quienes fuimos parte de este proceso no pudimos avanzar más contra el sistema. La Administración que viene tiene el tiempo y la oportunidad de hacer de la movilidad la llave de acceso a mejores oportunidades, seguridad y calidad de vida. Una oportunidad para enmendar el camino recorrido en las últimas décadas. Aún es tiempo.
*Laura Ballesteros. Maestra en Dirección Estratégica, especialista en Políticas Publicas Urbanas y de Movilidad, así como ex diputada.
Fuente:
Periódico El Reforma
26 de julio de 2018
